¿Y LA RECONSTRUCCIÓN DE PISCO?
El frío intenso de la madrugada en agosto se cuela por las esteras y plásticos que sirven de paredes y techos del estrecho refugio donde se cobijan, desde hace cuatro años, Luisa Angulo Cabrera, junto a su esposo y sus seis menores hijos.
Los ocho integrantes de esta familia viven en el albergue Beatita de Humay de Pisco y son una de las más de 48 mil familias damnificadas –cifra estimada por los frentes de defensa de las víctimas– que continúan viviendo en estas condiciones desde la noche del 15 de agosto del 2007.
Esa noche un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter asoló las cinco provincias de Ica, y dos en Lima y Huancavelica. Desde esa fecha, el estado de emergencia continúa para estas familias porque no se diseñó un efectivo plan de reconstrucción de viviendas en estos cuatro años. “En Pisco, una de las zonas más devastadas por el terremoto, se registraron 20 mil familias damnificadas y la destrucción de 11.707 viviendas. Sin embargo, solo se otorgaron seis mil bonos, de los cuales se hicieron efectivo 1.800”, recuerda Catalino García Briones, presidente de la Coordinadora Provincial de la Sociedad Civil de Pisco.
García señala que un gran porcentaje de los 4.200 bonos restantes se quedó en manos de varias empresas constructoras que no lograron construir viviendas. “Otro porcentaje menor de bonos fue traficado por supuestos damnificados y allegados de autoridades”, agrega.
A la ineficacia del Estado para diseñar un programa de reconstrucción social de viviendas, se sumó la incapacidad de los gobiernos regionales, municipales y del Forsur para elaborar un nuevo planeamiento urbano de estas ciudades devastadas por el sismo. Además, los graves actos de corrupción de todos estos estamentos gubernamentales obstaculizaron más la reconstrucción.
Este llamado de la población y las autoridades para detener estos problemas fue respondido el viernes por el presidente Ollanta Humala con el anuncio de la desactivación de Forsur y la investigación de la posible corrupción en este organismo. Aunque Humala ha asegurado que de esta etapa de la reconstrucción se encargarán los sectores de Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones y de la Mujer y Desarrollo Social, no señaló si habrá un organismo directo como Forsur para asumir estas labores.
GENERACIÓN DE POBREZA
En Chincha el Indeci registró 21.860 viviendas destruidas, de las cuales solo se habrían reconstruido alrededor de ocho mil.
De esta forma, más de 13 mil familias que vivían en estas casas destruidas se han tenido que refugiar en alguno de los siete nuevos asentamientos humanos que se formaron después del terremoto, en casas de familiares e inclusive en sus propias moradas colapsadas, advierte Wilson Aragón Chirinos, presidente de la Asociación de Damnificados de Chincha.
“No tenemos agua ni luz. Hace cuatro años padecemos el frío o las altas temperaturas en nuestros ‘ranchitos’ de esteras”, exclama Leonor Vilcas, que junto a su joven hija de 15 años se refugia en el extenso arenal de Pueblo Nuevo en Chincha, al que denominaron asentamiento 15 de Agosto.
UN NUEVO ENTE RECTOR
“Se deben corregir estas graves deficiencias a través de un patronato de la reconstrucción que diseñe una hoja de ruta en el que prevalezca el aspecto técnico”, plantea el ex teniente alcalde de Pisco Fernando López Escalante.
El actual teniente alcalde de Chincha, César Carranza Falla, señala que para planificar la segunda etapa de reconstrucción debe gestionarse la formación de un organismo técnico que asuma eficaz y técnicamente este nuevo proceso.
Carranza plantea que, junto a las organizaciones sociales y gremios profesionales, las autoridades deben ayudar a transparentar las cifras y convertirse solo en proveedores de información para este nuevo ente ejecutor. Esta información debe reunir la cantidad de población damnificada, redes de servicios, áreas disponibles y viviendas colapsadas.
POR UNA ICA FORMAL
El presidente del Frente por la Reconstrucción de Ica, Karim Janampa Jaico, también propuso la reactivación del proceso de titulación de predios a través de Cofopri.
“Hay unas 20 mil familias que no podrán acceder a ninguna ayuda social del Estado y menos a préstamos de la banca porque solo cuentan con títulos de posesión. Es necesario formalizarlos para que puedan acceder a algunos de los programas de vivienda que debe diseñar el nuevo gobierno en esta segunda etapa de reconstrucción”, planteó.
En el caso de los damnificados de Cañete y Yauyos, el presidente de la asociación que los agrupa, Alberto Neyra Bolívar, confirmó que de las 9.500 familias aún hay 4.545 que siguen viviendo en condiciones precarias.
MÁS DATOS
SINCERAR CIFRAS
El presidente del Gobierno Regional de Ica, Alonso Navarro, propuso la formación de un comité técnico que se encargue de sincerar las cifras reales tras el terremoto.
ÚLTIMA ETAPA
Esta segunda etapa de reconstrucción que encabezará el Batallón de Ingeniería del Ejército podría concluir en los dos próximos años.